Por/ José Amador/ director del periódico Alta Gama
En la administración pública, el rendimiento de los funcionarios es fundamental para la eficacia del gobierno y el bienestar de la ciudadanía. En este sentido, la gestión de Eddy Alcántara como director ejecutivo de Pro Consumidor ha dejado mucho que desear, colocándolo entre los peores funcionarios del gobierno si evaluamos su desempeño.
El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) es una entidad clave para garantizar que los derechos de los consumidores sean respetados y que las prácticas comerciales abusivas sean combatidas. Sin embargo, bajo la dirección de Alcántara, la entidad ha mostrado una preocupante ineficiencia para responder a las demandas de los consumidores.
Eddy Alcántara ha sido criticado por su falta de acción ante situaciones que requieren una intervención rápida y decisiva. Un ejemplo claro es la creciente ola de denuncias relacionadas con el alza indiscriminada de precios en productos básicos. En lugar de imponer medidas contundentes, Pro Consumidor se ha limitado a emitir comunicados de prensa y promesas vagas de investigación, dejando a los ciudadanos a merced de prácticas comerciales abusivas.
El liderazgo de Eddy Alcántara ha sido cuestionado en múltiples ocasiones por su incapacidad para articular una visión clara y coherente para Pro Consumidor. Su gestión ha carecido de la dirección necesaria para enfrentar los desafíos que afectan a los consumidores en el país. Además, la falta de un enfoque proactivo y la tendencia a actuar de manera reactiva han debilitado la institución.
En lugar de anticiparse a las problemáticas, Pro Consumidor bajo Alcántara ha adoptado un enfoque reactivo que, lejos de prevenir abusos, actúa solo después de que el daño ya ha sido hecho. Esto denota una falta de visión estratégica y una incapacidad para gestionar los recursos de la institución de manera eficiente.
La gestión de Eddy Alcántara al frente de Pro Consumidor ha dejado una marca negativa en una institución que debería ser un pilar de la defensa de los derechos de los consumidores. Su falta de acción y liderazgo lo posicionan como uno de los peores funcionarios del actual gobierno.
La protección del consumidor no es una opción, es una obligación, y los ciudadanos merecen una defensa activa y eficiente de sus derechos.