Por: Mario Holguín
En las últimas semanas, la República Dominicana ha sido azotada por lluvias intensas asociadas a la tormenta tropical Melissa y otros fenómenos que causaron inundaciones, desbordamientos de ríos y deslizamientos de tierra en varias provincias, especialmente en el Sur, Suroeste y el Gran Santo Domingo afectando la movilidad para 14 proviencias.
Estas condiciones meteorológicas extremas han dejado las vías dañadas desafiando la capacidad del gobierno, el cual ha optado por declarar Emergencia Nacional mediante el Decreto 627-25, a fin de usar recursos obviendo procedimientos establecidos de compras y contrataciones para enfrentar una nueva crisis.
Las lluvias al saturar el suelo y erosionar el pavimento, han generado dos temas: Inseguridad Vial y Deficiencia del Sistema Nacional de Drenaje, independientemente de otros componentes críticos para la alimentacion y la salud.
El drenaje pluvial y sanitario han fallado y la inseguridad vial se ha potencializado. Esto último, creando baches que a su vez deterioran los neumáticos, piezas y sistemas sensibles de los vehículos. Asimismo afectando condiciones normales de conducción que obligan a los conductores a maniobras evasivas, aumentando el riesgo de colisiones laterales o frontales, causando congestionamientos excesivos, incrementando el peligro para motoristas y peatones.
La combinación de lluvia, ráfagas de viento y acumulación de agua eleva el estrés al volante y la probabilidad de choques en cadena, es otra situación poco considerada a nivel de Estado, pero que deja estragos importantes en la población.
La infraestructura vial sin mantenimiento adecuado, se vuelve resbaladiza y propensa a fallos estructurales, impactando especialmente a vehículos pesados y aumentando los tiempos de respuesta de emergencias.
Ante las acciones reactivas de las autoridades responsables de la movilidad y la seguridad vial, es natural cuestionar el rol de las instituciones nacionales por la falta de políticas de prevención de riesgos en las vías.
La percepción de "ausencia" durante estos eventos no es infundada, pues le falta proactividad y liderazgo en políticas de prevención, agrava la crisis en lugar de mitigarla sin abordar de fondo los riesgos climáticos.
No hay evidencia pública de protocolos específicos para lluvias extremas, como: mapas de vulnerabilidad vial actualizados; identificación de zonas propensas a inundaciones y gestión real a mejoras en drenajes antes de la temporada húmeda.
No se conocen regulaciones a transportistas para aplicarse durante alertas, incluyendo límites de velocidad en tiempo de lluvia.
Esto contrasta con esfuerzos globales, como los promovidos por la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, que enfatizan invertir en resiliencia.
No basta con protocolos de emergencia; el órgano rector de la movilidad debe liderar un "Plan Vial Resiliente al Clima para la República Dominicana" integrado al Plan Estratégico Nacional de Seguridad Vial 2025-2030, con presupuesto dedicado.
Urge entender que tal situación cuesta vidas, economía y confianza pública.
